El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado hoy dos Proyectos de Ley (uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria) que modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para agilizar la justicia penal, fortalecer las garantías procesales del investigado, establecer un nuevo marco procesal del decomiso y regular las medidas de investigación tecnológica, carentes de marco legal por tratarse de una ley aprobada en 1882.

• Dos Proyectos de Ley, uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria, adaptan esta norma dictada en 1882 a la realidad actual
• La instrucción tendrá un plazo máximo de seis meses o de 18 cuando la investigación sea compleja
• El término ‘imputado’ se sustituye por ‘investigado’ en la fase de instrucción y por ‘encausado’ tras el auto formal de acusación
• Las sentencias de las Audiencias Provinciales serán revisadas en segunda instancia por los TSJ y las de la Audiencia Nacional por una Sala de Apelación propia
• Permite que los penados por sentencias españolas que resulten absueltos por el TEDH soliciten la revisión de sus sentencias
• Regula un proceso de decomiso autónomo que permite actuar contra todo el patrimonio de un penado